Por Humberto Moreira
La estrategia de publicidad del gobierno para justificar la "guerra" contra el crimen organizado no sólo no fomenta el debate y el análisis sobre la estrategia de seguridad pública, sino que desecha cualquier tipo de crítica y criminaliza a quienes la plantean, señalaron activistas de derechos humanos, en respuesta a los 10 mitos de la lucha por la seguridad, documento emitido por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que a pesar de que las autoridades se empeñan en descalificar los señalamientos que se le han hecho a su estrategia de seguridad pública, está claro que no tienen un esquema de largo plazo, y su único argumento es la ocupación militar, como lo demuestra el actual caso de Monterrey.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que el Estado no tiene ningún sistema de rendición de cuentas para con la sociedad, y que la presencia del Ejército en tareas policiacas únicamente ha servido para aumentar los niveles de violencia.
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), aseveró por su parte que el gobierno del país se resiste a hacer una evaluación crítica de su esquema de seguridad, y en vez de ello ha orquestado una campaña propagandística que no informa a la gente ni propicia el debate razonado sobre estos temas.
La estrategia de publicidad del gobierno para justificar la "guerra" contra el crimen organizado no sólo no fomenta el debate y el análisis sobre la estrategia de seguridad pública, sino que desecha cualquier tipo de crítica y criminaliza a quienes la plantean, señalaron activistas de derechos humanos, en respuesta a los 10 mitos de la lucha por la seguridad, documento emitido por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que a pesar de que las autoridades se empeñan en descalificar los señalamientos que se le han hecho a su estrategia de seguridad pública, está claro que no tienen un esquema de largo plazo, y su único argumento es la ocupación militar, como lo demuestra el actual caso de Monterrey.
Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que el Estado no tiene ningún sistema de rendición de cuentas para con la sociedad, y que la presencia del Ejército en tareas policiacas únicamente ha servido para aumentar los niveles de violencia.
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), aseveró por su parte que el gobierno del país se resiste a hacer una evaluación crítica de su esquema de seguridad, y en vez de ello ha orquestado una campaña propagandística que no informa a la gente ni propicia el debate razonado sobre estos temas.
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