Rubén Moreira
Una partida presupuestal para 2011, con la finalidad de que el Estado apoye a cientos de miles de desplazados por la violencia del crimen organizado, que ha dejado ciudades y pueblos fantasma, prepara la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.
Los daños a la población de diversos estados son crecientes, como consecuencia de la estrategia de guerra contra los cárteles, por parte del gobierno de Felipe Calderón; y los impactos negativos son severos en los órdenes social y económico, afirmó el diputado Arturo Santana Alfaro.
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en San Lázaro, Santana Alfaro lamentó que el éxodo de familias para salvar la vida en plazas de violencia extrema a manos del crimen organizado, "irá en aumento, si no cambian las políticas de combate a la delincuencia".
Refirió un reporte del Centro de Supervisión de los Desplazados Internos, que tiene sede en Ginebra, Suiza, estima en 230 mil el número de personas que han dejado su lugar de origen, patrimonio, negocios, trabajo, estudios, por el terror que implanta el narcotráfico en México.
El informe internacional comprende desplazados de los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Sinaloa, y de ese universo la mitad de la población expulsada por la violencia se reacomodó en lugares de Estados Unidos.
El Estado tiene la responsabilidad de brindar apoyo a cientos de miles de personas, que son víctimas de la guerra del gobierno contra los cárteles de la droga, dijo el legislador perredista. A mayor fuerza del Estado, la violencia es más extrema, dijo, por apoderarse de las plazas.
Pero el estudio que analiza el fenómeno de los desplazados, "se queda corto", comentó Santana, toda vez de que en el horizonte de los daños sociales y económicos todavía no se incluyen estados en los que la violencia crece cada día, como lo son Guerrero, Morelos, Quintana Roo y Tabasco.
Así las cosas, 230 mil desplazados es una cifra mínima de un problema de proporciones mayores, del cual no tiene el registro científico, la autoridad federal, pese a que cuenta con un programa que debiera arrojar información confiable.
"Desde luego, que Plataforma México es un fracaso en todos los ámbitos, y éste de los desplazados es uno de ellos; las autoridades carecen del mapeo de las ciudades y poblaciones fantasma, con el número de habitantes que se han trasladado a otros lugares, así como la situación de las bancas que controlan por la fuerza esos territorios por los que pasan droga", señaló el legislador Santana Alfaro.
Expuso que las autoridades deben voltear y realizar un conteo de daños en la economía de las regiones, de las poblaciones y de las familias afectadas por la violencia; es un hecho inocultable que en las plazas controladas por el crimen se detienen los negocios y el tejido social se deteriora de manera acelerada.
Afirmó que este fenómeno golpea con fuerza a poblaciones como Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad Mier, Tamaulipas, y el cáncer se expande y ya alteró la vida de Cuernavaca, Morelos; Culiacán, Sinaloa; Apatzingán, Michoacán; Altamirano, Guerrero e, incluso, el mismo Acapulco. De todas esas ciudades, la gente se va a buscar sitios seguros.
Todo esto, agregó, deja de manifiesto, el fracaso de la seguridad pública federal y en particular, dijo Santana, de la Plataforma México, que debiera servir información y estrategias para el rescate de plazas de la geografía del narco.
"La base de datos de Plataforma México ya debería de tener el mapeo preciso de la republica, con los espacios de la delincuencia organizada señalados".
Por tanto, el Estado debería de afrontar la responsabilidad que le corresponde, y adoptar una política de apoyo para favorecer y mitigar los efectos de la guerra fallida contra los narcos.
Explicó Santana que los desplazados por la violencia debieran de ser ayudados por los gobiernos municipales, estatales y el federal.
Ante ello, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) prepara las líneas para que se constituya en el presupuesto federal un fondo para rescatar a los desplazados, que requerirá de varios miles de millones de pesos, por el espectro que debe atender.
Insistió en que esa sería una forma de resarcir el daño que ha causado el estado a la población, por aplicar una estrategia errónea de seguridad pública.
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