El Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández entrevistado por Pedro Ferriz en el blog de Rubén Moreira

El Alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, reconoció ayer que una de las personas detenidas el jueves por la Marina es uno de los informantes de su grupo rudo, pero dijo desconocer que tuviera alguna relación con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Alberto Mendoza Contreras, alias "El Chico Malo", fue detenido en un operativo de la Marina en que fueron capturadas otras cuatro personas, y presentado como quien tomó el liderazgo del Cártel de los Beltrán Leyva en San Pedro, desde finales del 2009.

Ayer, Fernández aseguró que conocía a Mendoza sólo como "Beto", a quien vio personalmente al menos en tres ocasiones y que proporcionó al municipio información puntual y valiosa.

Insistió en que sólo lo conocía como "Beto", un informante ocasional, no como un capo del narcotráfico. 

"Yo te juro que no tenía ni su nombre completo", expresó el Alcalde. 
"Lo conocía simplemente por un apodo. No sabía que le decían 'Chico Malo' ni nada. Yo simplemente lo conocía como un informante que se llamaba 'Beto' (...) pero yo no tenía ninguna información de que le dijeran 'Chico Malo'. Yo no sabía ni su apellido".

¿Pero no sabía que estaba relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva?, se le preguntó.
"Yo lo que sabía es que tenía acceso --y, como te digo, muy puntual y muy positiva-- a mucha información que nos proporcionó. Yo no juzgo, no te pido un currículum, como le llames, si me traes información", respondió.

"Cuando lo vi en el periódico, pues sí lo reconocí como Beto", agregó el Alcalde, "y, además, es una persona que personalmente lo vi, dos o tres veces en un año. No tenía así contacto para nada con él", dijo en una entrevista radiofónica con Pedro Ferriz.

Atacan a narcos... pero caen civiles

Al menos 14 víctimas inocentes fueron alcanzadas por la balas este fin de semana dentro de la llamada guerra contra el narcotráfico, 10 de ellas murieron al instante y las restantes cuatro están siendo atendidas de las lesiones provocadas por los disparos.

Las víctimas no pertenecen a los grupos de delincuencia organizada ni a las fuerzas de seguridad, sino que quedaron atrapadas en tiroteos registrados en Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Guerrero.

Se trata de dos niños de 7 y 10 años; dos mujeres, una de ellas de la tercera edad, dos estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, seis comuneros y dos jóvenes.

El viernes, Sandra de la Garza Morales, de 37 años, madre de tres hijos, un niño de 10 y unas gemelas, murió de un disparo en la cabeza al quedar en medio de un enfrentamiento entre elementos del Ejército y unos presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, en Monterrey.

Ella viajaba con sus esposo, Julio César Peña Rodríguez, quien no pudo hacer nada para retirar su camioneta del fuego cruzado que se dio entre los militares y los plagiarios, quienes tenían privadas de su libertad a dos mujeres.

Ese mismo día en la madrugada, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey fueron asesinados frente a las instalaciones del campus en un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios.

El sábado, Uziel Juárez Mariano, de 7 años, y Gamaliel Juárez Mariano, de 10, murieron a balazos luego de que el camión en el que viajaban con un grupo de cerca de 40 evangélicos fuera rafagueado en la localidad de Villa Cuauhtémoc, Veracruz, ubicada a 10 kilómetros de Tampico, Tamaulipas.

El autobús, de la empresa Transpaís, con matrícula 335-RJ3, fue detenido en la carretera por un encapuchado, quien subió al vehículo, instantes antes de que fuera blanco de las balas.

También el sábado, sobre la maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado Elota, fueron asesinados Marco Moreno Rodríguez, Martín Arballo García, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez, Lorenzo Arballo Sánchez y Benigno Sarabia Medina, comuneros de la localidad El Placer, de la Sindicatura de la Noria, en Mazatlán. 

Los comuneros regresaban a sus casas  luego de haber realizado una protesta por la construcción de una presa, cuando aparentemente quedaron en medio del fuego cruzado entre dos grupos antagónicos de narcotraficantes.

El domingo, Ramona Olivia Cerezo Rangel, de 64 años, y su esposo, Everardo Jaramillo Hernández, quedaron heridos de bala en Santa Catarina, luego de que una balacera entre la Policía local y presuntos sicarios los sorprendiera en la parada del autobús. 

También ese día, Pedro Antonio Sánchez Leyva, de 19 años, recibió un balazo en la pelvis al no acatar la orden de unos soldados de que se detuviera; mientras que en Acapulco, un joven, que no fue identificado, fue herido de bala aparentemente por marinos al no parar la marcha de su vehículo.

A estas víctimas se suman a las que se han dado en los meses anteriores, Patricia Terroba de Partida fue asesinada el 12 de diciembre cuando salía de su casa en el fraccionamiento Lomas de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos; en esa misma ciudad, pero el 16 de diciembre, Ignacio Aguilar, dueño de una tortillería, cayó también abatido por las balas en un enfrentamiento entre marinos e integrantes de los Beltrán Leyva.