Rubén Moreira : Narco Consolida apuesta del gobierno especialista

por Rubén Moreira

El arresto del jefe del brazo armado del Cártel de Vicente Carrillo Fuentes, que fue considerado por el gobierno federal como el golpe más importante durante su intervención en Juárez, está lejos de significar el fin de las millonarias actividades de narcotráfico que tienen lugar en esta frontera.

Al contrario. De acuerdo con diversos análisis, la detención de José Acosta Hernández, alias “El Diego”, significa más bien la preparación del terreno o “la luz verde” para la llegada de otro grupo, el Cártel de Sinaloa, al control de tal negocio en Ciudad Juárez.

“El gobierno federal mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal, y no porque funcionarios necesariamente reciban sobornos, sino porque están convencidos de que la consolidación de un solo grupo, por definición, va a bajar los niveles de violencia visible con alto impacto social. Entonces ellos, en el caso de Chihuahua, le han dado a Sinaloa una luz verde”, dijo en entrevista Edgardo Buscaglia, abogado y economista experto en el tema de la corrupción y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De acuerdo con el investigador, que ha monitoreado la estrategia del actual gobierno federal mexicano en su lucha por el narcotráfico, el gobierno federal ha decidido apoyar a un grupo —al cual atribuye además la mayor capacidad de soborno— con la intención de al menos solucionar el problema de la violencia; el cual, dice Buscaglia, es el principal enemigo del Partido Acción Nacional con miras a la elección de 2012.

Pero este tipo de soluciones, agrega el también director del Centro de Derecho Internacional y Desarrollo Económico de la Escuela de Leyes de Virginia, no combaten las raíces económicas ni políticas ni sociales del negocio del narco, sino que sólo permite la institucionalización de una mafia en el poder.

“Cuando tengas a Sinaloa ganando Ciudad Juárez, vas a tener una solución estilo Rusia al problema, y ésta es que institucionalizas a la mafia en el poder, y si lo haces, como está haciendo el presidente Calderón en su política, básicamente te bajan los homicidios, pero la ciudadanía sigue cautiva, en su patrimonio y en su vida, de un grupo criminal que está controlando todos los resortes del poder”, agregó el investigador.

La opinión de Buscaglia —que desde 2010 hizo una investigación que detectó que el Cártel de Sinaloa es responsable de casi la mitad del tráfico de drogas en México y aun así es también el que menos detenciones ha sufrido— fue consultada para conocer la situación del narcotráfico en Juárez luego de que la Policía Federal arrestó en Chihuahua a José Antonio Acosta Hernández, alias “El Diego”, identificado como jefe del brazo armado de la organización de Carrillo Fuentes y probable autor intelectual de los crímenes de mayor impacto en Juárez, como la masacre de Villas de Salvárcar y la detonación del carro-bomba.

Al respecto, Buscaglia explicó que, si bien se puede prever una disminución en la violencia, sobre todo en la frecuencia de los delitos de homicidio, hay otro tipo de crímenes —como las extorsiones, los secuestros y el tráfico de armas y de humanos— que podrían registrar un aumento.

“Cualquier detención que hagas, sin atacar las raíces del problema, que son lo que realmente ha estado alimentando esta delincuencia, vas a tener lo que yo llamo ‘pan para hoy y hambre para mañana”, insistió Buscaglia.

Con este análisis coincide de la firma privada de inteligencia Stratfor, la cual ha mantenido también una constante observación de la guerra de cárteles en México y misma que, desde enero pasado, advirtió que 2011 sería el año de la consolidación del Cártel de Sinaloa sobre la mayor parte del territorio mexicano.

El Diario solicitó una entrevista a la oficina del Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Alejandro Poiré, a la cual también envió un correo electrónico con preguntas sobre las opiniones de Buscaglia y de Stratfor. Al cierre de este artículo, sin embargo, la petición no había sido contestada debido, informó personal de la oficina de Poiré, a que el funcionario no tenía espacio en su agenda.

Consultada también al respecto, la embajada de Estados Unidos en México envió un posicionamiento sobre la detención de “El Diego”, destacando la “determinación” del gobierno mexicano para vencer a los cárteles de la droga.

“Felicitamos al gobierno mexicano en este importante paso adelante y estamos confiados en que las autoridades mexicanas continuarán progresando en su esfuerzo para desmantelar a las organización del narcotráfico”, dice una respuesta enviada vía correo electrónico por Alexander Featherstone, agregado de prensa de la sede diplomática.

‘288 a La Línea;

69 a Sinaloa’

Un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal mexicano, por separado, mostró esta semana la cifra de detenciones que ha realizado la Policía Federal en Juárez por organización criminal, mostrando, como había documentado la misma dependencia en ocasiones anteriores, que los arrestos han sido mayoritariamente de sólo uno de los grupos en disputa.

Así, el documento titulado “Detenciones relevantes en Ciudad Juárez al 31 de julio de 2011” muestra que, de los 357 aprehendidos que dijeron pertenecer a alguna de las organizaciones criminales que se disputan Juárez, 288 eran integrantes del Cártel de Juárez o La Línea, mientras que sólo 69 pertenecían al Cártel de Sinaloa.

“La parcialidad en esta protección que mencioné en The Economist, donde yo también comparaba detenciones; ese tipo de parcialidad no significa que vayan con el gobernador y le paguen dinero y que no se siga a Sinaloa, sino que ellos tienen más infiltradas a las autoridades, a más funcionarios públicos trabajando para el Cártel de Sinaloa que La Línea. Y por cada 10 funcionarios que Sinaloa copta, los otros tienen una, y por definición tendrán menos detenidos”, explicó Buscaglia.

“Pero lo que tienes que hacer como Estado es atacar la corrupción a todo nivel, en un programa nacional de vastísimas proporciones, como en el caso de Colombia, donde más del 30 de sus legisladores fueron procesados judicialmente de todos los partidos políticos; o sea, hubo una limpieza considerable. En México no ha comenzado eso”, agregó el experto