Por Humberto Moreira y Federico Döring
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) advirtió que el crimen de las periodistas Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga estaría vinculado con el retiro de una fuerte suma de dinero en una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Autoridades de la dependencia informaron que la noche del miércoles, cuando se supo por última vez de ellas, las víctimas se reunieron en el centro de la ciudad y luego acudieron a una casa de cambio de la terminal 1 del AICM, propiedad de González Trápaga.
Con casi un millón de pesos, ambas mujeres se retiraron de las instalaciones y horas más tarde sus cadáveres aparecieron, con lesiones por estrangulamiento y arma de fuego, en un paraje del Parque El Mirador en la delegación Iztapalapa.
La Fiscalía de Homicidios de la PGJDF investiga ahora cuál era la finalidad del elevado monto que cargaban consigo las comunicadoras, y si efectivamente habrían sido víctimas de un intento de robo o de extorsión.
De manera paralela, la Policía de Investigación rastrea un automóvil Pontiac G3 con placas 250 VWV, el cual habría sido utilizado por las periodistas durante los traslados que efectuaron la noche del 31 de agosto; hasta el momento dicho vehículo no aparece.
En este contexto, las autoridades capitalinas han desestimado que el doble homicidio tuviera alguna relación con la actividad que realizaba Yarce Viveros en la revista Contralínea, así como la labor periodística independiente de González Trápaga.
La PGJDF añadió que la averiguación previa iniciada por la muerte de las comunicadoras es por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables.
En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que de acuerdo con la legislación vigente, los homicidas podrían alcanzar una pena de 60 años de prisión por cada uno de los asesinatos que cometieron.
Respecto a la necropsia practicada a las víctimas, confirmó que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento con algún tipo de soga. No se apreciaron huellas de tortura, pero cada cuerpo presenta dos impactos por arma de fuego.
Los peritos de la procuraduría capitalina recabaron pruebas de ADN a las dos víctimas, como se establece en el protocolo de investigación para los casos de feminicidio.
En tanto, la noche del jueves la PGJDF autorizó la entrega de los restos y espera el resultado oficial de los estudios forenses para determinar con precisión no sólo la causa del fallecimiento, sino también de las lesiones que presentan.
Cabe mencionar que las dos comunicadoras son veladas en una funeraria de Félix Cuevas, a donde se han presentado familiares, amigos y colegas para dar sus condolencias.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) advirtió que el crimen de las periodistas Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga estaría vinculado con el retiro de una fuerte suma de dinero en una casa de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Autoridades de la dependencia informaron que la noche del miércoles, cuando se supo por última vez de ellas, las víctimas se reunieron en el centro de la ciudad y luego acudieron a una casa de cambio de la terminal 1 del AICM, propiedad de González Trápaga.
Con casi un millón de pesos, ambas mujeres se retiraron de las instalaciones y horas más tarde sus cadáveres aparecieron, con lesiones por estrangulamiento y arma de fuego, en un paraje del Parque El Mirador en la delegación Iztapalapa.
La Fiscalía de Homicidios de la PGJDF investiga ahora cuál era la finalidad del elevado monto que cargaban consigo las comunicadoras, y si efectivamente habrían sido víctimas de un intento de robo o de extorsión.
De manera paralela, la Policía de Investigación rastrea un automóvil Pontiac G3 con placas 250 VWV, el cual habría sido utilizado por las periodistas durante los traslados que efectuaron la noche del 31 de agosto; hasta el momento dicho vehículo no aparece.
En este contexto, las autoridades capitalinas han desestimado que el doble homicidio tuviera alguna relación con la actividad que realizaba Yarce Viveros en la revista Contralínea, así como la labor periodística independiente de González Trápaga.
La PGJDF añadió que la averiguación previa iniciada por la muerte de las comunicadoras es por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables.
En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que de acuerdo con la legislación vigente, los homicidas podrían alcanzar una pena de 60 años de prisión por cada uno de los asesinatos que cometieron.
Respecto a la necropsia practicada a las víctimas, confirmó que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento con algún tipo de soga. No se apreciaron huellas de tortura, pero cada cuerpo presenta dos impactos por arma de fuego.
Los peritos de la procuraduría capitalina recabaron pruebas de ADN a las dos víctimas, como se establece en el protocolo de investigación para los casos de feminicidio.
En tanto, la noche del jueves la PGJDF autorizó la entrega de los restos y espera el resultado oficial de los estudios forenses para determinar con precisión no sólo la causa del fallecimiento, sino también de las lesiones que presentan.
Cabe mencionar que las dos comunicadoras son veladas en una funeraria de Félix Cuevas, a donde se han presentado familiares, amigos y colegas para dar sus condolencias.
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