Por Humberto Moreira y Pedro Ferriz
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una apelación contra la ley antinmigrante HB56 del estado de Alabama, luego que una jueza de distrito rechazó ponerla en suspenso, mientras se emite un fallo judicial definitivo.
En una moción ante la Corte de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta, la administración del presidente Barack Obama pidió la suspensión de la ley.
Argumentó que Alabama infringe en el derecho consagrado por la Constitución al gobierno federal para definir y ejecutar las políticas migratorias.
“Ni la Constitución ni las leyes federales de migración permite un esquema estatal diseñado para echar a los extranjeros del estado”, señaló el documento presentado por la oficina del procurador Eric Holder.
La legislación, que entró en vigor la semana pasada, permite a las autoridades verificar la situación migratoria de niños estudiantes y comprobar el estatus legal de personas si existe “sospecha razonable” de que están indocumentados en Estados Unidos.
En su argumentación, el Departamento de Justicia sostiene que la legislación puede convertirse en un instrumento para la deportación de facto de personas “con lo cual puede impedir la aplicación de la ley” y “obstruir la regulación nacional de migración”.
A pesar de su reciente entrada en vigor, la legislación HB56 provocó un éxodo de indocumentados de Alabama por temor a ser arrestados, aún cuando la política migratoria del gobierno federal prioriza la detención y remoción de inmigrantes con antecedentes criminales.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes denunciaron que más de dos mil estudiantes dejaron de asistir a la escuela por miedo a que sus datos sean usados contra sus padres, a pesar de que muchos de los menores son ciudadanos estadunidenses.
Una juez distrital autorizó el 28 de septiembre pasado la aplicación parcial de la polémica ley antiinmigrante.
La magistrada Sharon Lovelace Blackburn permitió que las escuelas verifiquen el estatus migratorio de estudiantes y que las policía controlen el estatus legal de un detenido cuando exista “sospecha razonable” de que permanecen de manera ilegal en Estados Unidos.
Mantuvo el capítulo de la ley que nulifica los contratos realizados entre ciudadanos estadunidenses e inmigrantes indocumentados, salvo en los casos de renta de una habitación de hotel por una noche, compra de comida, servicio médico o transporte para regresar a su país.
En contraparte, la magistrada mantuvo el bloqueo de una cláusula de la legislación que criminaliza las solicitudes de empleo por inmigrantes indocumentados y otra que criminaliza el transporte o albergue de indocumentados.
El pasado 1 de agosto, el Departamento de Justicia presentó la demanda para bloquear la ley de migración y considerarla inconstitucional, argumentando que la ordenanza interfiere con una responsabilidad exclusiva del gobierno federal en materia de migración.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles coinciden en que la ley HB56 rebasa los alcances de la polémica ley SB 1070 de Arizona al otorgar discreción a los policías para determinar el estatus migratorio de sospechosos de ser indocumentados sin que exista causa probable.
La legislación fue promulgada el pasado 9 de junio por el gobernador Robert Bentley, como parte de esfuerzos de varios estados, incluidos Alabama y Georgia, contra la población indocumentada.
El Departamento de Justicia pidió que su apelación sea tramitada de manera expedita, por lo que la corte de apelaciones puede anunciar su fallo en cualquier momento.
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