Por Humberto Moreira
El consejero aragonés de Hacienda, Mario Garcés, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un plan especial de inspección para luchar contra el fraude fiscal de los tributos gestionados por la Administración autonómica, que aprobará el próximo Consejo de Gobierno.
Así lo ha afirmado Garcés en respuesta a una pregunta que le ha formulado en el pleno de las Cortes la diputada socialista Ana Fernández, quien se ha interesado por las medidas concretas que va a llevar a cabo el Ejecutivo para atajar el fraude fiscal, teniendo en cuenta que, según el propio consejero, en esta época hay más fraude tributaria que en otras y que se van a penalizar estas conductas.
Garcés ha explicado que el Gobierno de Aragón tiene una "escasa capacidad recaudatoria" y que, por tanto, el margen de lucha contra el fraude es limitado.
Fundamentalmente la lucha se puede centrar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tributo al que se va a dirigir este plan especial, inspección que, por otro lado, no se ha puesto en marcha en los últimos diez años, ha recordado Garcés.
Este plan implementará los mecanismos necesarios para comprobar las valoraciones que se han hecho de los bienes inmuebles que se han transmitido en Aragón desde 2008 a la actualidad.
Y se va a hacer con los funcionarios que tiene el Gobierno de Aragón, con un gran esfuerzo incluso fuera de su horario de trabajo.
Por efecto de la "estrepitosa caída" en el nivel de transmisiones debido a la crisis, ha explicado, este año se prevé recaudar por este concepto la mitad de lo que se recaudó hace cuatro años.
Fernández, por su parte, ha explicado que alrededor de un 25 por ciento del PIB aragonés no paga impuestos, y los técnicos estiman que si la tasa de fraude estuviera en Aragón al nivel de la europea, eso supondría una recaudación adicional de 2.262 millones de euros.
Garcés, además, ha respondido en el pleno a una interpelación formulada por el diputado de CHA José Luis Soro, sobre la política general del Gobierno de Aragón en lo relativo a estabilidad presupuestaria.
Soro ha criticado la "rigidez del "dogma liberal" del déficit cero, que ve bien para épocas de expansión pero no para etapas de menor crecimiento como la actual.
La regulación de la estabilidad presupuestaria, ha dicho, "estrangula a la autonomía de las comunidades".
Y se ha preguntado si el Gobierno de Aragón va a recaudar o no el impuesto de Patrimonio que hoy va a recuperar el Consejo de Ministros.
"¿Están dispuestos a hacer una amnistía para los ricos?", le ha inquirido a Garcés, quien ha considerado este impuesto "jurídicamente anticonstitucional y políticamente un despropósito" que no existe en ningún sistema tributario desarrollado.
Ante las críticas de Soro, quien ha lamentado que el Gobierno aragonés recurre especialmente a la externalización y la privatización y que tiene como única receta el recorte del gasto pero no actúa sobre los ingresos, el consejero ha negado que su intención sea "adelgazar" los servicios públicos.
Su objetivo, ha precisado, es conseguir una administración "eficiente y austera" y que cumpla con los objetivos del déficit, y ha estimado que "aún hay recorrido" para actuar sobre el gasto.
Además, ha asegurado, ante las dudas del diputado de CHA, que Aragón tendrá una Ley de Estabilidad Presupuestaria que establecerá un "techo de gasto".
Ha anunciado también que los próximos presupuestos de 2012 incluirán un fondo de contingencia que servirá para "limitar las corrientes expansivas del gasto público".
Esto supondrá que en etapas de superávit, además de atender a la deuda, se creará un fondo para la provisión de servicios sanitarios y sociales que se usará en etapas "contractivas".
Soro, finalmente, ha reiterado que la izquierda quiere "justicia social" y que la estabilidad presupuestaria a veces es "un dique para conseguirla".
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